Pasadas las elecciones provincial y municipal que ratificaron las gestiones de Juntos Somos Río Negro, la empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA) renovó su presión para lograr ampliar la concesión del manejo del cerro hasta 2056, sin someterse a un proceso licitatorio.
Para lograrlo, sus propietarios -con Sebastián Trappa a la cabeza- y su abogado, Juan Consolani, vienen manteniendo periódicos encuentros con funcionarios municipales, con empresarios turísticos, y con el legislador del Frente de Todos, Alejandro Ramos Mejía, uno de los impulsores de la medida cautelar que, primero en una Cámara Civil y luego en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), logró frenar el intento de evitar la licitación y abrir la puerta a un millonario negocio inmobiliario.