El proyecto impulsado por el gobierno provincial fue rechazado en 2016 por las comunidades indígenas, los pequeños productores y el ámbito académico y no llegó a tratarse en la Legislatura. Luego de tres años de silencio, el gobernador adelantó que podrían hacer un segundo intento. La Ley atrasa la concepción jurídica de la tierra y privilegia a las empresas extractivistas y terratenientes, desconociendo derechos de los pueblos originarios.