En diferentes medios de comunicación nacional la funcionaria acusó también del hecho a “infiltrados” vinculados con socorristas y defensores de derechos humanos, algo falaz que intenta encubrir la responsabilidad de sus agentes. Sería esperable que una funcionaria democrática defienda el cumplimiento de la ley de parte de los funcionarios que dependan de ella, investigue los hechos y sancione a los responsables. Lejos de eso, y pese a la evidencia irrebatible, apela a la narrativa de la dictadura para sostener las violaciones de derechos humanos.